• 7 Abril 2020

COVID-19: Publica el Ejecutivo Federal decreto con acciones extraordinarias en materia de salubridad general

En sesión extraordinaria, de 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General reconoció como una enfermedad grave de atención prioritaria, la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en México.

En dicha sesión se acordó que la Secretaría de Salud emitiría las medidas que definirían las modalidades específicas, las fechas de inicio y su término, así como su extensión territorial lo cual fue hecho mediante el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19<7i>), mismo que fue publicado el 24 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

En el mencionado acuerdo de 24 de marzo, la Secretaría de Salud, grosso modo, obligaba a las autoridades, dependencias y organismos de los tres órdenes de gobierno, a cumplir con las medidas preventivas derivadas de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Aun cuando las medidas de la Jornada antes mencionada, han permitido atenuar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), el pasado 27 de marzo de 2020, el presidente López Obrador emitió el Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el cual se faculta a la Secretaría de Salud a implementar de manera inmediata cinco acciones extraordinarias que, a decir del decreto, se consideran necesarias a efecto de salvaguardar la integridad y la salud de los mexicanos.

Entre las acciones extraordinarias declaradas por el presidente pueden verse dos de suma importancia, la primera, es aquella que faculta a la Secretaría de Salud a adquirir de manera inmediata y sin llevar a cabo un procedimiento de licitación pública, todo tipo de bienes y servicios a nivel nacional e internacional que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia y la segunda, es aquella que concede facultades para importar, autorizar la importación y la adquisición en México, de los bienes y servicios mencionados, sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno, sujetándola únicamente en ambos casos, a que se trate de las cantidades y conceptos necesarios para hacer frente a la contingencia.

Sin dejar de considerar la teleología del acuerdo, debemos señalar que en éste existen faltas y omisiones considerables a la normatividad vigente además de una alarmante falta de precisión normativa.

En primer lugar, es dable cuestionar la fundamentación del decreto, dado que éste no menciona con precisión las normas que facultan al presidente de la República a emitir un decreto de esta naturaleza.

Más aún, es posible cuestionar si el presidente de la república es titular de las facultades necesarias para declarar acciones extraordinarias en materia de salubridad general, dado que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud, el presidente únicamente tiene facultades de sancionar y dar por terminadas las acciones y medidas que determine la Secretaría de Salud así como declarar, mediante decreto, la región o regiones amenazadas que quedan sujetas, durante el tiempo necesario, a la acción extraordinaria en materia de salubridad general, sin embargo, en el caso en análisis es el presidente quien directamente crea o declara medidas extraordinarias en materia de Salud.

Aunado a ello, vemos que las acciones extraordinarias decretadas por el Ejecutivo, conceden nuevas facultades a la Secretaría de Salud, es decir, no se trata de meras acciones a tomar, sino de la creación no legislada de verdaderas facultades.

En segundo lugar, debe observarse que existen vacíos legales en relación con las circunstancias que permitirán determinar cuáles son los productos que deberán ser considerados necesarios para hacer frente a la contingencia.

Como tercer punto debe verse que la temporalidad señalada por el Decreto es aquella que abarque desde el 27 de marzo de 2020 (fecha de publicación del acuerdo) y hasta que se declare terminada la contingencia que la (sic) originó. En el caso, existe una falta de certeza jurídica, pues no se define bajo qué criterios deberá considerarse que la contingencia (entendiendo por ésta a la epidemia de COVID-19), fue superada.

En cuarto lugar y en relación directa con la acción extraordinaria consistente en facultar a la Secretaría de Salud, para prescindir del procedimiento de licitación pública, vemos que el Decreto es omiso en referirse al tipo de procedimiento a seguir para la adquisición de las mercaderías en cuestión, pues de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, existen al menos dos procedimientos más a los que es viable recurrir, la adquisición mediante invitación a cuando menos tres personas o la adjudicación directa.

Sea cual sea el procedimiento que vaya a ser elegido para el abastecimiento de los bienes necesarios para hacer frente al COVID-19, es un hecho que ante la omisión del Decreto, la Secretaría de Salud deberá actuar dentro del marco de sus facultades entendiendo que la emergencia e inmediatez no eximen a las entidades y dependencias que participen en estas adquisiciones de agotar los mecanismos jurídicos que aseguren, con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, las mejores condiciones para el Estado considerando además, que al tratarse de bienes insumos sanitarios, deberán cerciorarse de que tales productos o servicios, son seguros, eficaces y de calidad.

Como quinto punto de observación, tenemos la acción extraordinaria que concede facultades a la Secretaría de Salud, para importar, autorizar la importación y la adquisición en México, de los bienes y servicios mencionados, sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno, debemos señalar que esta medida es un riesgo mayor que se suma a los efectos contraproducentes del Acuerdo de Equivalencias publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de enero de 2020.

A modo de contexto, recordamos que a través del Acuerdo de Equivalencias 2020, la Secretaría de Salud, entre otras cosas reconoció como equivalentes a los requisitos mexicanos para la concesión de un registro sanitario, los requisitos que determinadas oficinas sanitarias exigen en sus países respectivos, esto, con la finalidad de acelerar el procedimiento de registro sanitario de tales productos en México.

Asimismo, dicho Acuerdo de Equivalencias 2020, facultó a la Secretaría de Salud, a importar medicamentos que sean necesarios para la adecuada prestación de servicios de salud en México, aun cuando dichos medicamentos carezcan de registro sanitario en México.

Sin entrar en un análisis sobre la legalidad del Acuerdo de Equivalencias 2020, podemos ver que el Decreto en comento, tiene la misma finalidad que el Acuerdo de Equivalencias 2020, y peor aún, elimina la necesidad de llevar a cabo trámite administrativo alguno para la importación y compra de medicamentos en México (verificación sanitaria inclusive), lo cual alarmantemente viola el Derecho Humano a la Salud, por lo que hace a la garantía de disponer de medicamentos seguros, eficaces y de calidad, teniendo como resultado un evidente retroceso para México.

Si bien se mencionó en párrafos anteriores que las acciones extraordinarias no son tales y que estas acciones no obedecen la Constitución ni la Ley General de Salud, es importante permanecer atentos a este tema y verificar si la Secretaría de Salud acordará la adopción de acciones concretas en relación con la epidemia (de conformidad con lo que establecen los artículos 181 y 182 de la Ley General de Salud), mismas que, de ser el caso, serían independientes y se sumarían a las facultades concedidas por el Decreto que nos ocupa.

Será indispensable estar atentos a la emisión del decreto que, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 183 de la Ley General de Salud, declare terminadas las supuestas acciones extraordinarias del Decreto de 27 de marzo, así como el que pudiese corresponder a las acciones extraordinarias específicas que, de ser el caso, adopte la Secretaría de Salud, de no contar con dicho o dichos decretos, las facultades otorgadas a la Secretaría de Salud seguirían vigentes.

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