• 7 Abril 2020

COVID-19:Secretaría de Salud simplifica procedimientos de adjudicación directa para insumos y servicios sanitarios

El pasado 3 de abril de 2020 en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, fue publicado un acuerdo de la Secretaría de Salud, por medio del cual se establecen las acciones extraordinarias en materia de salubridad general que habrán de realizarse al tenor del Decreto del pasado 27 de marzo de 2020 del poder ejecutivo federal 1 (el “Decreto del Ejecutivo”).

[1] Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

En una nota anterior (Publica el Ejecutivo Federal decreto con acciones extraordinarias en materia de salubridad general) además de otros aspectos, analizamos que entre las acciones extraordinarias declaradas por el presidente pueden verse dos de suma importancia i) las facultades otorgadas a la Secretaría de Salud para adquirir de manera inmediata y sin llevar a cabo un procedimiento de licitación pública, todo tipo de bienes y servicios a nivel nacional e internacional que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia y ii) las facultades otorgadas a la misma dependencia para importar, autorizar la importación y la adquisición en México, de tales bienes y servicios, sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno, sujetándola únicamente en ambos casos, a que se trate de las cantidades y conceptos necesarios para hacer frente a la contingencia.

Mencionamos que el Decreto del Ejecutivo (entre otros vacíos legales), omitía pronunciarse sobre el modo de adquisición específico de los insumos y servicios respectivos, ya que el Decreto del Ejecutivo únicamente facultaba a la Secretaría de Salud para prescindir de la licitación pública, sin embargo, no precisaba el método de adquisición al que debía recurrirse de entre los dos restantes, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a saber, invitación a cuando menos tres personas o la adjudicación directa.

El Acuerdo de 3 de abril de 2020, establece de manera precisa que el procedimiento de adquisición será la adjudicación directa y faculta a las Secretarías de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina, así como el INSABI, IMSS e ISSSTE (a quienes denomina Unidades Facultadas), para adquirir y, en su caso, importar los bienes y servicios respectivos a través de adjudicaciones directas simplificadas.

Por otro lado, tal como lo advertimos al analizar el Decreto del Ejecutivo, una de las acciones gubernamentales que se concebía cercana era que la Secretaría de Salud prescindiera de los trámites de verificación sanitaria para la importación y compra de medicamentos en México. Sobre este particular, el Acuerdo de 3 de abril de 2020, a través del artículo quinto, confirmó las sospechas al mencionar expresamente que dentro de los trámites respecto a los que no existe necesidad de agotar por parte de las unidades facultadas, se encuentran aquellos a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Si bien dicho acuerdo establece la obligación de COFEPRIS de prestar asesoría expedita e inmediata a las unidades facultadas durante las adquisiciones, lo cierto es que el Acuerdo de 3 abril de 2020 faculta a tales unidades a adquirir insumos y servicios sanitarios, en el territorio nacional, sin una verificación o aprobación sanitaria, corroborando, una alarmantemente violación al Derecho Humano a la Salud (por lo que hace a la garantía de disponer de medicamentos seguros, eficaces y de calidad), con el retroceso y riesgos sanitarios respectivos para México.

Si bien es cierto que el Acuerdo de 3 de abril de 2020 fue emitido de conformidad con las facultades que la Ley General de Salud confiere a la Secretaría de Salud (contrario a al Decreto del Ejecutivo), lo cierto es que, la interrelación y efectos de los acuerdos que se han emitido en torno a las acciones extraordinarias declaradas a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19), no se encuentran completamente definidas. Algunos puntos pendientes al respecto, son:

a) La validez del Acuerdo de 3 de abril de 2020. Considerando que el Acuerdo fue publicado invocando como fundamento el Decreto del Ejecutivo, la validez formal de este acuerdo puede ser cuestionada.

b) Las Facultades extraordinarias de la Secretaría de Salud. Como fue analizado anteriormente, el Decreto del Ejecutivo concedió facultades no legisladas a la Secretaría de Salud, lo cual no es equivalente a las acciones extraordinarias a que se refieren los artículos 181 y 182 de la Ley General de Salud, por tanto, el ejercicio de dichas facultades, puede ser entendido como fuera del marco legal.

c) La falta de certeza en relación con:

i. Las circunstancias que permitirán determinar cuáles son los productos que deberán ser considerados necesarios para hacer frente a la contingencia.

ii. El alcance de las facultades de discrecionalidad otorgadas a las Unidades facultadas sobre la simplificación de los trámites de adjudicación directa dado que no se indica cuales elementos podrán ser simplificados ni cómo.

iii. La vigencia de las acciones extraordinarias pues en ninguna publicación se ha definido bajo qué criterios deberá considerarse que la contingencia (entendiendo por ésta a la epidemia de COVID-19), fue superada.

d) El artículo sexto del Acuerdo menciona que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Economía, darán seguimiento y asesorarán a las unidades facultadas en la adquisición de los insumos y servicios.

Sobre este punto particular y atendiendo al alto grado de discrecionalidad concedido a las autoridades, debe cuestionarse la manera en que las Secretarías realizarán las investigaciones de mercado y la veracidad de la información relacionada con patentes vigentes de medicamentos que pudieran necesitarse, pues aún en estado de contingencia, deberán agotarse los mecanismos jurídicos que aseguren, con base en criterios de economía, con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, las mejores condiciones para el Estado.

e) La emisión de los decretos que, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 183 de la Ley General de Salud, declaren terminadas las supuestas acciones extraordinarias del Decreto del Ejecutivo y del Acuerdo de 3 de abril de 2020.

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