• 29 Mayo 2020

Situación actual de la regulación del Cannabis en México

Hasta la actualidad, la Secretaría de Salud no ha dado cumplimiento a los mandatos contenidos en los artículos 235 bis, 290 y cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud (en adelante, “LGS”) y del Código Penal Federal (en adelante, “CPF”), el cual entró en vigor el 20 de junio de 2017.

Dichos mandatos ordenan a la Secretaría de Salud a diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal y de investigación científica del cannabis (sativa, índica y americana, incluyendo su resina, sus preparados, sus semillas, el THC y el CBD), y a normar su producción y su distribución en territorio nacional, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir del 20 de junio de 2017.

Con motivo de lo anterior, los usos del cannabis que se prevén en la LGS, actualmente carecen de regulación y, en consecuencia, los particulares no cuentan con mecanismos administrativos adecuados para acceder a ellos.

Derivado del incumplimiento previamente señalado, el 14 de agosto de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) emitió la sentencia del Amparo en Revisión 57/2019, a través de la cual, entre otras consideraciones, ordenó a la Secretaría de Salud emitir la normativa que regule y armonice, en territorio nacional, el uso terapéutico del cannabis y de sus derivados.

De manera paralela, el 31 de octubre de 2018, la SCJN emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, a través de la cual ordenó al Congreso de la Unión derogar o modificar, antes del 31 de octubre de 2019, aquellas disposiciones de la Ley General de Salud que prohíben el consumo lúdico de la marihuana, al considerarlas violatorias del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.

No obstante, el 29 de octubre de 2019, la SCJN extendió al 30 de abril de 2020, el plazo para que el Congreso de la Unión diera cumplimiento al mandato contenido en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, al considerar que sus efectos versan sobre una materia de alta importancia y complejidad.

Sin embargo, como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada con motivo de la pandemia de COVID-19, el 17 de abril de 2020 la SCJN extendió, por segunda ocasión, el plazo para dar cumplimiento a la multicitada declaratoria general de inconstitucionalidad, al último día del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión; esto es, al 15 de diciembre de 2020.

Como consecuencia de lo anterior, y con la finalidad de dar cumplimiento al mandato de la SCJN, el 4 de marzo de 2020, las Comisiones de Salud, de Justicia y de Estudios Legislativos acordaron enviar al Pleno del Senado de la República, el anteproyecto modificado de la Ley para la Regulación del Cannabis, la cual habría de ser discutida y votada el 30 de abril de 2020. No obstante, dicho evento ha sido postergado con motivo de la declaratoria de emergencia por COVID-19.

El anteproyecto previamente mencionado pretende regular el uso lúdico, médico, comercial, industrial, terapéutico y de investigación del cannabis, incluyendo el CBD, el THC y sus derivados, y prevé la creación de un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, denominado Instituto Mexicano del Cannabis, el cual tiene por objeto regir, verificar y sancionar las actividades relacionadas con el uso del cannabis.

Derivado de lo anterior, actualmente nos encontramos a la espera de que el anteproyecto modificado de la Ley para la Regulación del Cannabis, sea aprobado por la Cámara de Senadores, para que, posteriormente, pueda ser ratificado por la Cámara de Diputados y promulgado por el presidente de la República, lo cual deberá acontecer antes del 15 de diciembre de 2020, de lo contrario, el Congreso de la Unión incumpliría con el mandato establecido en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018.

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